“La autonomía con relación a la parte presupuestal la siguen teniendo, lo único que va a hacer la Superintendencia es controlar la calidad según los estándares internacionales”, subrayó Mora.
La nueva ley establece la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), institución que reemplazará a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Dentro de sus funciones, la Suneu deberá supervisar la calidad universitaria, fiscalizar el uso de recursos y autorizar la apertura de nuevas universidades.
Asimismo, la propuesta legislativa obliga también a las universidades públicas y privadas a acreditar la calidad educativa. Actualmente, solo siete facultades lo hacen. Otro aspecto de la ley es que se eliminaría el título automático de bachiller con el que sale el estudiante al culminar sus estudios. Con este cambio, el alumno tendrá que presentar una tesis de investigación de forma obligatoria, además de pagar los derechos que establezca la universidad.
La oposición alega que la norma fue aprobada “al caballazo” y sin consultar a todos los centros universitarios del país y a la comunidad universitaria, especialmente los estudiantes, lo que niega el presidente de la comisión, Daniel Mora, quien afirma que hubo un amplio proceso de consulta.
El presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez, cuya organización desarrolla una costosa campaña publicitaria contra la ley, calificó el proyecto como “un golpe a la autonomía universitaria”, al tiempo de coincidir con los parlamentarios opositores en que la norma fue aprobada con prepotencia, con la imposición de los votos nacionalistas.
“No se ha hecho caso al pedido de que se revisen los puntos controversiales y nunca existió un debate profundo, transparente y amplio, demostrando en todo momento apresuramiento por dejar expedita la propuesta, tal como ha ocurrido”, sostuvo.